En el marco electoral mexicano, el cálculo del presupuesto destinado a las precampañas presidenciales se fundamenta en una fórmula precisa establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta metodología, regida por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), busca garantizar la equidad y transparencia en los procesos electorales del país.
La fórmula para el cálculo del presupuesto considera varios elementos centrales. Uno de los factores primordiales es el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, un indicador clave para determinar la magnitud de la financiación. Además, se toman en cuenta índices económicos como el índice nacional de precios al consumidor y variables socioeconómicas relevantes que puedan impactar en la realidad económica del país.
El cálculo se realiza para ajustar el presupuesto destinado a las precampañas, asegurando que refleje adecuadamente las condiciones actuales del entorno económico y social. Este proceso busca evitar desequilibrios financieros significativos entre los distintos precandidatos presidenciales, garantizando una competencia equitativa y justa durante las precampañas.
El INE establece también topes máximos de gastos permitidos durante este periodo electoral. Los partidos políticos deben rendir cuentas detalladas sobre el uso de estos recursos, presentando informes que son exhaustivamente verificados por el INE para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y promover la transparencia en el proceso.
Esta fórmula, en resumen, se basa en la consideración de diversos factores socioeconómicos y demográficos, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los recursos para las precampañas presidenciales, fortaleciendo así la integridad del proceso electoral y la igualdad de oportunidades entre los contendientes.
